Saber pasar la posta

Los profesionales de la ingeniería, y en particular quienes diseñaron, construyeron y planificaron un sistema eléctrico interconectado capaz de abastecer a una región tan extensa —con distintos pisos térmicos y gran diversidad altitudinal— pensaron una Argentina grande.

Hoy, ese sistema es una de las pocas referencias físicas que nos une. Desde distintos puntos del país se inyectan electrones en el SIN (Sistema Interconectado Nacional) y desde cualquier lugar se consumen. Un sistema eléctrico es, en esencia, la columna vertebral de un país. Su relevancia se apoya en tres pilares:

• Motor económico: sin electricidad, la industria, el comercio y los servicios digitales se detienen. Es el insumo básico para producir bienes y generar empleos.

• Calidad de vida: permite el funcionamiento de hospitales, escuelas, alumbrado público y servicios básicos como el bombeo de agua potable y la refrigeración de alimentos.

• Seguridad y soberanía: Un sistema robusto reduce la dependencia energética de otros países y garantiza que un Estado pueda reaccionar ante emergencias.

En términos simples, el desarrollo de un país se mide por su capacidad de generar y distribuir energía de forma confiable y asequible.

El origen de nuestra energía eléctrica

Para rastrear los orígenes de esta industria, es necesario remontarse a mediados del siglo XIX. Este período es anterior a la plena organización del Estado nacional y sentó las bases institucionales de lo que hoy conocemos como la República Argentina.

El primer paradigma surge con la instalación, en la ciudad de Buenos Aires, de la compañía Primitiva del Gas, de capitales ingleses. Esta empresa se consolidó brindando un servicio de alumbrado público basado en gas de carbón, que a su vez era importado por la empresa Sofina, también de capitales ingleses, sin tributar por dicha importación.

A comienzos de la década de 1880, y con los avances tecnológicos en generación eléctrica, llegó a Buenos Aires Walter Cassels, en representación de la empresa Brush Electric, ofreciendo instalar un sistema eléctrico a combustión. El intendente Torcuato de Alvear rechazó la concesión debido al acuerdo vigente con la empresa Primitiva del Gas, cuyos intereses se veían afectados.

Cassels se dirigió entonces a la ciudad de La Plata, donde el proyecto fue aceptado. Así, en 1883, se convirtió en la primera ciudad de América Latina en contar con alumbrado eléctrico, con la primera central del país, utilizada incluso para viviendas particulares y un servicio de tranvía eléctrico.

Plaza San Martín, Ciudad de La Plata. Iluminada con electricidad. 1886

El crecimiento sostenido de la demanda en Buenos Aires superó la capacidad de respuesta de la empresa de gas, por lo que a comienzos del siglo XX comenzaron a instalarse sistemas de generación eléctrica a combustión:

• 1907 - Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE)

• 1912 - Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE)

• 1920 - Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE).

• 1927 - CHADE inaugura una super usina PUERTO NUEVO.

• 1932 - ÍTALO, también amplió su parque de generación.

En paralelo, comenzaron los estudios para aprovechar los ríos como fuente de generación hidroeléctrica. Sin embargo, las empresas de generación térmica obstaculizaban estos desarrollos. Aun así, el crecimiento de la demanda superó la capacidad instalada, deteriorando la calidad del servicio y provocando aumentos desproporcionados en las tarifas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de materias primas y el aumento de la demanda llevaron al sistema a operar en condiciones precarias entre 1935 y 1950, con servicios costosos e ineficientes. Para compensar este déficit, se impulsó la autogeneración y surgieron cooperativas eléctricas en distintas ciudades.

El segundo cambio de paradigma se dio a mediados de la década de 1940, cuando el Estado intervino la industria eléctrica para responder a necesidades sociales, poniendo el foco en el potencial hidroeléctrico. El 14 de febrero de 1947 se creó Agua y Energía Eléctrica, empresa estatal encargada de la producción, distribución y desarrollo de obras hidráulicas.

La constitución de 1949 estableció que los servicios públicos debían ser prestados por el Estado y que las empresas privadas serían expropiadas, aunque en Buenos Aires continuaron operando empresas de esta índole sin realizar inversiones significativas.

El 31 de mayo de 1950 con la creación de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), se proyectó una nueva fuente de energía eléctrica. Este modelo permitió incrementar la potencia hidroeléctrica instalada de 45.000 kW en 1943 a 350.000 kW en 1952.

En este contexto, comenzaron a desarrollarse sistemas locales de generación, transporte y distribución que, al interconectarse, dieron lugar a redes regionales y, posteriormente, al sistema de extra alta tensión de 500 kV, configurando lo que hoy conocemos como el SIN.

Por primera vez en la historia la inversión en infraestructura eléctrica superó a la demanda, lo que permitió desarrollar una política industrial con calidad en el servicio eléctrico.

Este proceso avanzó, con distintas velocidades, hasta mediados de la década del 80. A partir de entonces, una administración fallida sumado a una crisis climática histórica, desmejoró en forma progresivamente la calidad del servicio, llegando a su punto crítico a finales de 1988 y principios de 1989, donde la oferta apenas cubría el 50% de la demanda. Esto obligó a implementar cortes rotativos programados, que desgastaron en forma contundente el modelo de servicios públicos en manos del Estado Nacional.

En este contexto, creció el interés de empresas extranjeras por participar en la privatización del sistema eléctrico.

Fue a principios de los 90 que se produce el tercer y último cambio de paradigma: el paso de un servicio público administrado por el Estado, a una unidad de negocios gestionada por privados, con la consigna que el Estado Nacional no debía tener injerencia alguna en el nuevo proceso.

Durante los 10 primeros años de este modelo, la actividad industrial se redujo en más del 50% y el margen de sobredimensión que tenía el sistema permitieron a aquellas empresas extranjeras encargadas de la concesión de la operación y mantenimiento, establecerse obteniendo abultados dividendos en base a los contratos otorgados.

La crisis del 2001 redujo el consumo a mínimos históricos, lo que permitió satisfacer la demanda sin sobresaltos.

La segmentación del sistema en generación, transmisión y distribución abrió el mercado a la competencia en generación, dando origen al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), donde la energía pasó a ser un bien transable según oferta y demanda.

Con el tiempo, la demanda comenzó lentamente a aumentar, pero el modelo no contemplaba incentivos suficientes para inversiones en infraestructura.

La nueva estructura del mercado eléctrico consideraba prioritario las siguientes pautas:

• El Estado nacional debía alejarse de la gestión del servicio quedando como única función la de contralor del cumplimiento de los contratos.

• Las empresas encargadas de una de las tres unidades de negocios no podrían participar en las otras, es decir, quién participe en generación, no podría participar en transmisión y en distribución.

• El concesionario de cada servicio no debe realizar ampliaciones estructurales del sistema.

El incentivo a la participación de empresas privadas e incluso empresas eléctricas extranjeras solo fue aceptado en generación y distribución.

Naturalmente, las inversiones se realizan cuando se aseguran una ganancia considerable en el corto plazo, para lo cual no se deben tener costos elevados de construcción y puesta en marcha. En el sistema de transmisión la ecuación es diferente. El Estado nacional es el propietario natural de este monopolio.

A lo largo de todo este período del nuevo modelo de gestión, se intentaron diversos mecanismos que motiven a los privados a invertir en la ampliación del sistema, cada uno de estos intentos ha fracasado en mayor o menor medida, en tanto el Estado Nacional no participe subsidiando la actividad.

El sistema eléctrico sólo funciona correctamente cuando todos sus componentes están equilibrados. Actualmente, el transporte se ha convertido en un cuello de botella para el SIN.

Esto responde a dos factores básicos y determinantes: el alto costo de instalación y desarrollo, y los extensos tiempos de construcción y puesta en servicio. A su vez, en el libre mercado, esta inversión se debería financiar en base a la tarifa eléctrica, que para poder ser capitalizada a corto plazo, transformaría en inviable de pagar el servicio por parte de los usuarios. No es una inversión atrayente.

El otro factor es el político. Semejante inversión, aun realizándose desde el Estado, implica un desembolso de divisas demasiado alto cuyos beneficios se harán visibles a largo plazo, probablemente en otra gestión.

Estas circunstancias hicieron que al comenzar el siglo XXI, la infraestructura eléctrica estuviera considerablemente atrasada en función a un potencial aumento de la demanda en caso que las políticas de gestión del gobierno incentivaran la producción y el consumo interno, lo que sucedió a partir del 2003 con la normativa y el enfoque mercantilista del servicio vigente. De esta manera se corrió por detrás de la demanda durante más de 10 años para satisfacer el servicio.

Con el Plan Federal de Energía dispuesto por las autoridades del momento, otra vez los profesionales de la ingeniería propusieron soluciones técnicas satisfactorias que permitieron realizar en tiempo récord ampliaciones del SIN a lo largo y ancho del país, vinculando todas las regiones y consolidando una red más estable y segura.

Seguir pasando la posta

La historia demuestra que la evolución y sostenibilidad de la infraestructura eléctrica nacional no pueden entenderse únicamente a través de las dinámicas de mercado o los ciclos gubernamentales, sino mediante la persistencia del capital humano técnico.

A pesar de las fluctuaciones derivadas de intereses privados y las reconfiguraciones de las agendas políticas, el estamento profesional ha mantenido una praxis basada en el rigor científico y la continuidad operativa. Este compromiso ético ha permitido la transferencia de conocimiento y la preservación de activos estratégicos, asegurando que la evolución tecnológica y la expansión de las redes trasciendan las coyunturas de turno.

Esta solidez técnica es la que actúa como salvaguarda del sistema, garantizando que el suministro energético permanezca como el soporte indispensable para el desarrollo socioeconómico y la soberanía del país. Por consiguiente, la labor de estos especialistas constituye el hilo conductor que otorga estabilidad y visión de largo plazo a la arquitectura del desarrollo nacional.

Alguien decía que el conocimiento se transmite como fuego, “pasar la posta” es “encender al otro”, no llenarlo de datos. Por eso, desde acá seguimos pasando la posta con nuestra Diplomatura en Operación del Sistema Interconectado Eléctrico y nuestra formación en Redes Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

Te invitamos a conocer más en nuestra web y a contarnos en los comentarios cómo vos también pasás la posta.